Pagaran les asseguradores la factura del canvi climàtic? (Expansión)

ROBERT ARMSTRONG / OLIVER RALPH | FINANCIAL TIMES

22 FEB. 2020 – 00:46

Aunque en su día las inundaciones se consideraron demasiado intermitentes como para que valiera la pena pagar un seguro que cubriera los daños, el calentamiento global ha cambiado esa convicción.

El 8 de noviembre, Pam Webb se encontraba como cada día en Truffle Lodge, el spa que gestiona ubicado en la población de Fishlake, cercana al río Don. Aunque se esperaban inundaciones en la zona, en un email la Agencia Británica de Medio Ambiente le aseguró que Fishlake no corría peligro. La agencia se equivocó. A las 9 de la noche el agua comenzó a entrar a raudales en las instalaciones y en la vivienda de Webb. “Se inundó toda la planta baja. Es una pesadilla ver cómo el negocio y la casa en la que vives se echan a perder en tan poco tiempo”, se lamentaba.

Las inundaciones provocaron daños por valor de decenas de miles de libras y Webb tuvo que cerrar el spa durante diez semanas. Por si fuera poco, su póliza de seguro excluyó la indemnización por inundaciones un año antes, por lo que tuvo que hacerse cargo de los gastos de reparación en su totalidad.

En los últimos diez días, esta situación se ha repetido en distintas zonas de Reino Unido, después de que dos grandes tormentas hayan azotado el país. A nivel global, los daños económicos derivados de las inundaciones ascendieron el año pasado a 82.000 millones de dólares, la cifra más elevada derivada de los desastres naturales. De esa cantidad, solo 13.000 millones estaban asegurados.

Frecuencia

Según numerosos expertos en catástrofes naturales, el calentamiento global implica que las inundaciones serán cada vez más frecuentes.

El aire más caliente es también más húmedo, lo que provoca tormentas más frecuentes y mucho más intensas. El año pasado, la NASA utilizó datos recopilados del espacio y llegó a la conclusión de que por cada aumento en un grado centígrado de la superficie del océano aumenta un 20% la posibilidad de que se produzcan tormentas severas.

Mientras, el aumento del nivel del mar traerá más inundaciones en las costas, que pondrían en situación de riesgo a 230 millones de personas, un riesgo que aumenta por la constante migración hacia las costas y las riberas de los ríos. Esas cifras, unidas a la falta de cobertura, deberían ser un objetivo que movilice al sector de las aseguradoras a nivel global, que acumula un buen nivel de capital desde que los bajos tipos de interés atrajeran a nuevos inversores al sector en busca de rentabilidad. La consultora especializada en riesgos Milliman calcula que sólo en el mercado de EEUU las aseguradoras podrían generar 48.000 millones de dólares más de ingresos anuales.

Aunque en su día las inundaciones se consideraron demasiado intermitentes para que contratar un seguro resultara rentable, los modelos más sofisticados que se anticipan a las catástrofes -capaces de predecir con más precisión dónde tendrán lugar las inundaciones- están dando un giro al sector. “Las reaseguradoras quieren riesgos. Llevan cuatro o cinco años intentando vender reaseguros por inundaciones”, explica Nancy Watkins, responsable de Milliman.

Aun así, hacer frente al aumento de las inundaciones va a resultar costoso. Los sistemas de seguros y los programas estatales no están preparados para gestionar el aumento del nivel de riesgo. Esto está generando un debate sobre qué riesgos debería asumir la administración y cuáles debería costear el ámbito privado. En EEUU, el Programa Nacional de Seguros contra las Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) tiene aproximadamente 5 millones de pólizas que ofrecen una cobertura de 1,3 billones de dólares. Aunque las cifras impresionan, sólo el 15% de los hogares de EEUU tiene algún tipo de cobertura por inundaciones. Cuando en 2017 el huracán Harvey azotó Texas y Louisiana, el 70% de los daños, valorados en 125.000 millones de dólares, estaban sin asegurar.

Los seguros por inundaciones son obligatorios en EEUU cuando se contrata una hipoteca respaldada por el Gobierno. Esto afecta a la gran mayoría de propietarios si su vivienda entra en la categoría de “zona con riesgo de inundaciones”, aunque la probabilidad sea sólo de una vez cada cien años. El NFIP, creado en 1968, nunca se diseñó con la idea de operar como una aseguradora privada. “La idea era valorar el producto para que lo contrataran más personas y así reducir los gastos federales derivados de las inundaciones”, explica David Maurstad, responsable del NFIP.

Esta idea funcionó hasta hace veinte años. Entre 1978 y 2003, el NFIP pagó indemnizaciones por valor de menos de 500 millones de dólares al año. Desde entonces, éstas ascienden a 3.500 millones anuales. Las cuotas ahora son insuficientes para cubrir las indemnizaciones. En 2017 el Gobierno Federal condonó una deuda de 16.000 millones de dólares al NFIP.

A pesar de esto, el programa debe 20.000 millones de dólares al Tesoro de EEUU. En opinión de los más críticos, las zonas de cobertura obligatoria son demasiado pequeñas.

El riesgo por inundaciones no está incluido en las pólizas de los hogares de EEUU, lo que crea la impresión, según los expertos en inundaciones, de que los riesgos son secundarios. Y éstas no son las únicas falsedades. El NFIP cobra primas en las que las casas de más valor salen ganando, ya que los contribuyentes acaban pagando las indemnizaciones de las lujosas propiedades situadas en la playa. “Cuanto más cara sea la casa, menos se aporta y más se obtiene del NFIP”, explica Watkins. Una vez se concede una cobertura del NFIP no se puede retirar, lo que significa que el programa repara las viviendas situadas en zonas de alto riesgo tantas veces como sea necesario. Según el Pew Charitable Trust, estas propiedades costaron al NFIP más de 12.500 millones de dólares sólo en 2016.

Las aseguradoras privadas muestran sus recelos a la hora de competir con un producto subvencionado. En estados como Luisiana está prohibido aumentar las primas por desastres naturales. Varios estados de EEUU prohíben o limitan el uso de pólizas de desastres naturales para establecer las primas de los seguros.

Los intentos de reformar el NFIP para adaptar las primas a los riesgos se han encontrado con la oposición de los habitantes que residen en las zonas costeras, de sus representantes en el Congreso y del sector inmobiliario. La última iniciativa, Risk Rating 2.0, está diseñada para establecer un vínculo más realista entre los precios y el nivel de riesgo. Aunque estaba previsto que entrara en vigor este año, de momento se ha aplazado hasta 2021.

Reino Unido ha adoptado un modelo distinto. El programa Flood Re obliga a todos los tomadores de seguros de hogar a pagar parte del coste de la cobertura de las zonas más expuestas a inundaciones. Los propietarios pagan aproximadamente 10 libras más al año por su seguro y , en teoría, eso hace que los seguros para las personas que viven en zonas de más riesgo sean más económicos. El Gobierno británico creó Flood Re en 2016. Si se queda sin fondos, el sector de seguros tendría que intervenir, pero esa circunstancia no se ha dado nunca. “Cuando se creó, el deseo de la clase política era que fuera una solución de la industria”, explica Andy Bord, consejero delegado de Flood Re. Para evitar la urbanización en zonas con riesgo de inundaciones, Flood Re no incluye a las viviendas construidas después de 2009. Está previsto que Flood Re se mantenga un máximo de 25 años. El programa se creó con el objetivo de mejorar la gestión de las inundaciones por parte de Gobierno, autoridades locales y propietarios de viviendas y mejorar el coste de los seguros para las personas que viven en zonas con más riesgo de inundaciones.

Aunque en el sector hay cierto escepticismo sobre el funcionamiento del plan, Bord asegura que “cuatro de cada cinco hogares que viven en zonas de riesgo han ahorrado un 50% en el seguro del hogar”. China y Australia son dos de los países que han solicitado información a Flood Re para copiar el modelo.

No obstante, Flood Re todavía no se ha puesto del todo a prueba, ya que desde 2016 no ha habido grandes inundaciones. Las que tuvieron lugar en Fishlake han sido la única demostración, pero desde su creación el programa sólo ha tenido que hacer frente a 1.100 reclamaciones. Bord reconoció en enero que al principio se calculó que habría 2.000 al año. Aun así, prefiere no caer en la autocomplacencia. Los expertos en la materia coinciden en señalar que, en países de economías relativamente avanzadas, el precio de vivir cerca del agua debe reflejar mejor los riesgos para que se deje de construir y de fomentar la inversión en infraestructuras. Según Carolyn Kousky, directora ejecutiva del Wharton Risk Center, las inundaciones son un riesgo concentrado, por lo que puede haber muchos años tranquilos y uno en el que de repente se den varias a la vez. Esto hace que las aseguradoras tengan que reservar mucho capital y, cobrar primas muy elevadas.

Barry Gilway, consejero delegado de la aseguradora Citizens, con sede en Florida, asegura que “sin subsidios ningún propietario podría permitirse vivir en una zona de alto riesgo por los elevadísimos costes que supone. Después del huracán Irma [en 2017] cambiaron todas las normas de edificación. Aunque son totalmente correctas, es un proceso muy costoso.

Medidas

Unas pocas medidas bastarían para equilibrar la balanza entre el sector público y privado. Kousky, de Wharton, recomienda un sistema basado en la forma en la que los atentados terroristas se aseguran en EEUU: un mercado privado con aseguradoras respaldadas por la Administración.

Siguiendo el ejemplo de Reino Unido, los nuevos edificios quedarían excluidos de los programas de subsidios. Como alternativa, los ciudadanos recibirían ayudas para construir viviendas más resistentes y que en el futuro no les afecten tanto las inundaciones. “El sector seguros no puede ser el único que gestione el riesgo por inundaciones. Ha de ser una labor conjunta entre aseguradoras, gobierno y propietarios de las viviendas”, opina Konrad Schoeck, de la reaseguradora Swiss Re. Es probable que, como todavía no se ha llegado a casos extremos por inundaciones, se esté tardando más en introducir medidas drásticas. “A medida que aumente el riesgo se plantearán más preguntas sobre cómo actuar”, explica Arno Hilberts, vicepresidente de la empresa de gestión de riesgos RMS.

Aumento del riesgo por inundaciones

230 millones de personas están expuestas a sufrir daños derivados de inundaciones, el 3% de la población mundial.

70% de los 125.000 millones de dólares de los daños causados por el huracán ‘Harvey’ estaban sin asegurar.

3.500 millones de dólares es el coste anual de reclamaciones que paga el Programa de Seguros de Inundaciones de EEUU desde 2003.

LA PREVENCIÓN ES CLAVE PARA REDUCIR LOS COSTES DERIVADOS DEL CLIMA

Mientras países ricos como EEUU y Reino Unido tratan de decidir qué riesgos debería asumir el Estado por el cambio climático, los cálculos para los países pobres y con rentas medias son muy distintos. Evitar las peores consecuencias de las inundaciones costará miles de millones. En Indonesia, Yakarta se hunde lentamente. En zonas donde los problemas no son tan llamativos, a menudo no hay contratados suficientes seguros privados frente al creciente riesgo de inundaciones, ya que pocas personas pueden permitírselos. Pero existen funciones que pueden cumplir las aseguradoras. Una es ayudar a los países a financiar el coste de las inundaciones mediante las pólizas de seguro paramétrico vendidas a agencias humanitarias o gobiernos. Estas pólizas pagan tan pronto como se supera un umbral, como la profundidad de una inundación. En Londres acaba de crearse el Centro para la Protección frente a Desastres, el cual pretende ayudar a los países a entender cómo podrían ayudar los seguros u otras formas de financiación. “Existe un riesgo en la forma en que el mundo paga por los desastres, esperando a que sucedan y pagando después por ellos, en lugar de anticiparse”, señala Daniel Clarke, el director del centro. El seguro puede ayudar, pero tiene que adaptarse para que cubra los riesgos adecuados. Uno de los retos es lograr que tres grupos dispares -las aseguradoras, los gobiernos y las agencias humanitarias- trabajen juntos. “Las consecuencias de crisis climáticas como las inundaciones son un asunto en última instancia humanitario. El sector público y las organizaciones benéficas no pueden solucionarlo solos -tenemos que colaborar con socios comerciales-“, advierte Simon Meldrum, un especialista en inversiones de la Cruz Roja británica.