Expertos lamentan la demonización de los planes privados y el lastre de los bajos salarios (La Vanguardia)

La sesión, que estuvo moderada por Jordi Giménez y Javier Varea, miembros del Observatorio, se celebró a través de videoconferencia y contó con la participación de María Francisca Gómez-Jover, Subdirectora General de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; Maria Mercè Pera, portavoz en la comisión del Pacto de Toledo en representación del Grupo Socialista; Tomás Cabezón, portavoz en la comisión del Pacto de Toledo en representación del Grupo Popular; Pilar González de Frutos, vicepresidenta de la CEOE y presidenta de UNESPA; Miguel Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco; Carlos Bravo, secretario confederal de políticas públicas y protección social de CSCCOO.

A la hora de abordar los problemas del sistema de previsión social hubo coincidencia entre los ponentes al señalar que uno de los problemas tiene que ver con los bajos salarios. Se necesitan mejores empleos y remuneraciones más altas para poder estimular el ahorro, por una parte, y para que las contribuciones a la seguridad social sean también más elevadas. Sin mayores ingresos y sin la estabilidad necesaria en el empleo se complica mucho el encontrar soluciones al futuro de la previsión social en España.

Los autónomos tuvieron un papel protagonista en la sesión, ya que su posición es especialmente vulnerable. Tanto los representantes políticos, como el resto de participantes, destacaron la necesidad de que se establezcan mecanismos por los que los autónomos puedan acceder a los planes de previsión empresariales. Especialmente, después de que el Gobierno cambiara la fiscalidad para los sistemas de previsión individuales reduciendo en 8.000 euros la cantidad anual desgravable.

Compromiso de transparencia

La necesidad de informar a los trabajadores sobre la cuantía de su jubilación

Otro aspecto en el que se dio un alto consenso fue el de demandar la máxima transparencia, por supuesto en los planes privados, pero también en el ámbito de las pensiones del sistema público. El representante de los gestores de fondos, Martínez-Aldama y Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del seguro UNESPA, se mostraron especialmente críticos con el incumplimiento del compromiso legal que tiene el Gobierno desde 2014 de enviar una carta a todos los trabajadores indicándoles la pensión que recibirán en el momento de su jubilación según su nivel de cotización actual.

La presidenta de las aseguradoras fue más allá al reclamar que “esa carta debería recibirse desde que se empieza a cotizar y no después de cumplir los 50 años, cuando ya las posibilidades de tomar decisiones sobre previsión están muy limitadas”. El presidente de Inverco recordó que desde 2015 la Seguridad Social dispone de un simulador web para calcular la pensión, pero “el compromiso era enviar esta información”.

Otro punto en el que se produjo un nivel de coincidencia importante es sobre la necesidad que los tres pilares de la previsión social convivan, tanto el público como los dos privados, tal y como también apuntan las recomendaciones del pasado mes de octubre del Pacto de Toledo. Tanto la portavoz del partido socialista en el Pacto de Toledo, Maria Mercè Pera, como su homólogo del Partido Popular, Tomás Cabezón destacaron la importancia de promocionar los planes de empresa, en línea de los sugerido por la comisión parlamentaria. Cabezón, no obstante, defendió que tanto el segundo como el tercer pilar deben ser impulsados “por igual y que luego el trabajador decida”.

Una discursión estéril

El sistema público de pensiones es sostenible

“El sistema de reparto tiene infinidad de seguidores y menos legión de perfeccionadores”, lamentó González de Frutos. La presidenta de UNESPA calificó de “discursión estéril” el cuestionar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo relevante es centrarse en las necesidades de reforma y acabar con la “demonización de los planes privados por una parte del arco parlamentario”.

En el mismo sentido se manifestó Tomás Cabezón, que fue más allá al definir que parte de la debilidad de los sistemas complementarios se debe “al propio Gobierno con sus dos almas”. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo responsabilizó a Podemos de estar “haciendo una confrontación de los sistemas complementarios” como si su desarrollo afectará negativamente al sistema público. “Es erróneo, pero es lo que hay”, concluyó el político.

El dirigente de CCOO, Carlos Bravo, se manifestó en términos muy parecidos al asegurar que “es equivocado pensar que los planes complementarios son una amenaza para el sistema público”. Bravo destacó que “la inestabilidad normativa y la debilidad salarial en muchos sectores” es una de las debilidades de sistema de previsión español.

El próximo debate de este Observatorio de la UB será el 17 de junio a las 17 horas y se centrará en el modelo vasco de previsión social complementario las EPSV. Durante la sesión de ayer se hicieron varias referencias a este sistema. Maria Mercè Pera puso como ejemplo “la cultura que emana de este modelo”, pero, tanto Cabezón como Martínez-Aldama pusieron en duda que este sistema se pudiera trasladar a otras comunidades autónomas que parten de una realidad muy diferente a la del tejido económico vasco.