El Covid-19 pone a prueba el servicio del seguro de difuntos (La Vanguardia)

“El servicio funerario es esencial, casi siempre invisibilizado, sometido al mismo silencio social que rodea a la propia muerte y somos poco conscientes de la heroicidad anónima de estos profesionales que actúan con alto grado de compromiso, asumiendo un alto riesgo en último eslabón de la cadena y hasta el último momento de la crisis” afirma con contundencia el presidente de Serveis Funeraris de Barcelona, Juan Jesús Domingo.

Domingo que también es consejero delegado de Mémora, lo recalcó la semana pasada en la puesta en marcha del dispositivo público-privado activado para atender la avalancha de defunciones por la pandemia del Covid-19 en la ciudad de Barcelona. La empresa, participada en un 15% por el Ayuntamiento de la ciudad ha salido al paso de las últimas polémicas y acusaciones de abuso en el cobro de servicios.

El sector funerario en su conjunto está acusando en estos días el estrés causado por la elevada mortalidad del Covid-19, la necesidad de protección especial del conjunto de sus trabajadores y las graves, y en algunos casos virales, acusaciones por los casos de abusos por parte de agentes, aseguradores y compañías sin escrúpulos. Así, según todas las fuentes consultadas, el sector considera dañada la imagen de funerarias y aseguradoras, que sienten comprometida su transparencia y profesionalidad. Las críticas impactan sobre un sector asegurador vinculado al negocio funerario que tradicionalmente se ha mostrado muy opaco.

El servicio más básico en Barcelona tiene aprobado un precio oficial de 1.445,45 euros

Desde el inicio de la crisis por el coronavirus, Mémora ha realizado más de 3.000 servicios en toda España, entre ellos 1.800 en Catalunya en coordinación con la Administración. Esta cifra supone que se ha mutiplicado por cuatro el número habitual de servicios funerarios, que en Barcelona tienen establecido un precio de entre los 1.445,45 euros para los servicios subvencionados (un 4% del total) y los 1.806,93 euros de los servicios más económicos, según el catálogo oficial de Serveis Funeraris de Barcelona vigente a día de hoy.

Por estos precios, el servicio sólo incluye la recogida del cadáver y su acondicionamiento higiénico, el servicio de depósito, el suministro del ataúd y el traslado a Cementiris de Barcelona, más trámites.

De estos costes, un 49% corresponde a la empresa funeraria en concepto de traslado, acondicionamiento del difunto, velatorio y ceremonia, y el 15% a servicios opcionales como flores, esquelas, recordatorios, música, etc.

Un estudio realizado por la Universitat Pompeu Fabra fija en 3.190 euros (al que hay que sumar el IVA) lo que pagan de media las familias barcelonesas por un sepelio. Girona, Madrid, Lleida y Huesca estarían entre las ciudades con las tarifas más elevados, lo contrario que Palencia, Soria, Ceuta y Melilla.

Según detalla el Alván Gómez Montelongo, abogado especializado en el sector funerario, el coste medio de los servicios funerarios en España está entre los 2.500 y los 3.000 euros, cifra que podría rebajarse substancialmente con la reducción del IVA que se aplica al sector y que es del 21%.

Las aseguradoras niegan descontrol en los precios

Con la intención de evitar el colapso del circuito funerario que ha sufrido Madrid, el mayor operador de Barcelona ha cerrado el Tanatorio de Collserola para habilitarlo excepcionalmente para el traslado de cadáveres y descongestionar las morgues de los hospitales de la ciudad. Además, informan fuentes de la empresa, se han habilitado circuitos telemáticos para realizar todas las gestiones necesarias y se ha reforzado la atención psicológica a las familias por el dolor agravado ante la imposibilidad de realizar velatorios ni públicos ni privados.

Fuentes de la aseguradora Ocaso afirman a La Vanguardia desconocer “tal supuesto descontrol” en la gestión y las tarifas. Ante la publicación del nuevo Decreto del Gobierno para contener los precios aplicados por las funerarias en plena pandemia, las mismas fuentes señalan que “desde luego, todos los proveedores funerarios que le prestan sus servicios a Ocaso ni están cobrando precios abusivos ni se están aprovechando de la situación con nuestros asegurados; muy al contrario están teniendo un comportamiento ejemplar en una situación extremadamente dura”.

Los expertos reclaman una ley de servicios funerarios para todo el país

Según el especialista Gómez Montelongo, “la falta de una ley de servicios funerarios general para toda España dificulta la claridad del sector que actualmente se está dejando la piel por el Covid-19 aunque pueda haber habido intentos de abusos por parte de personas sin escrúpulos”.

“Sería también necesaria una mejor cultura funeraria en el país porque conocemos los detalles y prestaciones del coche o el ordenador que nos compramos pero no sabemos al detalle qué estamos pagando cuando firmamos un seguro de decesos”.

Desde Ocaso se insiste en que “en la gran mayoría de los casos el coste de los servicios se está reduciendo porque hay muchos elementos que no se pueden prestar y recuerdan que esto es una exigencia legal que es de obligado cumplimiento para todas las entidades que operamos en este ramo de seguro”.

La asesoría de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado a Vivo Seguro que la patronal aseguradora UNESPA ha asegurado que, ante la situación excepcional por el Covid-19, las compañías están aceptando el pago de todos los servicios aunque pudieran estar excluidos, al igual que los de viajes o vida, por siniestros debidos a epidemias o pandemias.

La OCU ha recibido, desde el pasado 24 de febrero, un aumento de las consultas sobre la cobertura del seguro de decesos y señala que no hay ninguna reclamación sobre este tipo de pólizas. Indican que sí han recibido reclamaciones con facturaciones de empresas funerarias que se consideran excesivas y citan como ejemplo la facturación de 4.000 euros por un entierro sin velatorio y sin servicios desglosados.

La patronal funeraria Panasef ha declarado que “se valorará” la devolución de los servicios contratados pero no prestados a causa del estado de alarma y a tenor de los dispuesto por el decreto del Gobierno que exige esta devolución.

Algunas facturas contemplan un nuevo concepto llamado “manipulación por Covid-19” que puede llegar a los 1.200 euros

Fuentes del comparador de seguros Rastreator exponen que los costes en el sector se mantienen “aunque pueden variar al alza o a la baja dependiendo de situaciones y zonas geográficas”. Señalan estas fuentes que “dado que las medidas de seguridad son más altas –urna de zinc, doble sudario…- las funerarias han creado en las facturas un concepto llamado ‘Manipulación por Covid-19’ con un importe que puede ir desde los 200 hasta los 1.200 euros”.

Alván Gómez insiste en que “la falta de transparencia” del conjunto del sector dificulta la información de los ciudadanos “que deben exigir siempre un presupuesto y una factura detallada de cada servicio, y saber que lo que pagan con el ‘seguro de los muertos’ es un capital para sufragarlo y que no se acumula con los años sino que se renueva anualmente por el valor determinado”.

Para este especialista, las suspicacias de los consumidores respecto a los servicios funerarios se deben a tres causas: al vacío legal existente, a que las principales aseguradoras gestionan también sus propias empresas funerarias y al desconocimiento de los usuarios respecto a sus derechos y obligaciones.

“El funerario es un servicio de interés general para la preservación de la salud pública y debería contribuir a frenar cualquier abuso porque en estos momentos las funerarias y aseguradoras tienen una enorme responsabilidad social”, añade Gómez.

Para Rastreator, el escenario creado por la pandemia del coronavirus “es una situación excepcional y las compañías no tienen un protocolo establecido”.

El dinero sobrante por los servicios no prestados debe devolverse a los herederos del difunto

José Benítez, director de Vida, Accidentes y Salud de la aseguradora Generali explica a La Vanguardia que “las personas que tienen cubierta la prestación del servicio funerario por un seguro de decesos no se han visto afectados por posibles complicaciones o incrementos de costes de los servicios funerarios”.

“En los casos en que la prestación del servicio haya sino limitada debido a alguna circunstancia de fuerza mayor -añade Benítez- el importe del capital asegurado no consumido se devuelve al cliente o a sus herederos legales”.

Las dos compañías destacadas que han atendido la petición de información, Ocaso y Generali, ya que otras han declinado informar a La Vanguardia, confirman que esta devolución de dinero es una práctica obligatoria para sus clientes.

En España existen alrededor de 22 millones de pólizas de decesos. Según datos de UNESPA, algo menos del 44% de los servicios “se queda por debajo del coste teórico del evento”. Un 16% se coloca exactamente en el nivel de la suma asegurada y cuatro de cada 10 la superan. En global, el 59,76% de los percances se sitúan a nivel de la suma asegurada y el 40,24% la superan.

El seguro de decesos, informan las aseguradoras, soporta aproximadamente cada año un sobrecoste entre el 8% y el 10% “sobre los costes esperados, esto es, las sumas aseguradas de sus contratos”.

El Síndic de Greuges establece que “las funerarias deben actuar siempre de manera honesta, veraz y diligente en sus servicios y en su publicidad”

La Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, que reúne a 45 empresas de titularidad pública y privada que representan el 90% de los servicios funerarios en el territorio catalán, firmó en 2016 con el Síndic de Greuges un Código de Buenas Prácticas de las Empresas de Servicios Funerarios.

En él se establece que “las empresas de servicios funerarios deben actuar siempre de manera honesta, veraz y diligente en el cumplimiento de su profesión, tanto en la prestación de servicios como en la publicidad que desarrollen”.

Sobre la independencia de actuación de las empresas funerarias, el Código Deontológico impulsado por su patronal nacional Panasef recoge que “aun cuando forme parte de una empresa o de un grupo de empresas, el profesional funerario actúa siempre con independencia de criterio en el ejercicio de su profesión, aconsejando a sus clientes de acuerdo con lo más conveniente para los intereses de éstos. Tal independencia, que deberá siempre preservar, constituye la garantía de que los intereses de los destinatarios de sus servicios serán servidos siempre con objetividad”.

El informe de la patronal ‘Radiografía del sector funerario’ (octubre 2019) indica que el sector facturó en 2018 1.530 millones de euros entre el conjunto de las 1.300 empresas de servicios funerarios y 2.525 instalaciones funerarias que operan en el país. El 80% de estas empresas tienen una cifra de negocio superior al millón de euros.

En su conjunto, las 7.050 salas de velatorio existentes en España atienden una demanda media de 1.167 fallecimientos diarios.