L’assegurança paga 500 milions a l’any per a indemnitzar incendis a Espanya (UNESPA)

El seguro paga al año 500 millones de euros para arreglar o indemnizar los daños causados por incendios. Esta es una de las conclusiones del informe ¡Fuego! Los incendios asegurados en 2019-2020 elaborado por Estamos Seguros en colaboración con CEPREVEN y TECNIFUEGO.

La mayor parte de los inmuebles protegidos por el seguro frente a incendio son viviendas (88%). El resto se reparte entre comercios (5,9%), comunidades de propietarios (3,4%), industrias (1,6%) y otro tipo de espacios. Sin embargo, el peso de los hogares se diluye notablemente cuando lo que se analiza es el reparto de las indemnizaciones. Las familias reciben el 40% del dinero, mientras que las industrias ingresan el 37% y los comercios otro 13%.

De acuerdo con los datos manejados, un 78% de los incendios que se producen en el país al año ocurre en domicilios. La disparidad en el pago total de las indemnizaciones se debe a la mayor gravedad de los daños que ocasionan las llamas en fábricas y negocios. Mientras que un incendio medio en una vivienda conlleva el pago de 2.930 euros por parte del seguro, esta indemnización se triplica cuando se trata de comercios (8.768 euros) y se multiplica por 14 en el caso de industrias (42.081 euros).

Para la elaboración de este informe se han recopilado datos de 24 aseguradoras asociadas a UNESPA que, juntas, acumulan un 66% de la cuota de mercado del seguro de multirriesgo en España. Estas entidades han facilitado información de 166.092 incendios acaecidos entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020.

La mayor parte de los inmuebles asegurados frente a incendio se encuentra en las provincias con más población: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla… Sin embargo, los territorios donde es más probable que se produzca un fuego son, en este orden, Jaén, Córdoba, Badajoz, Pontevedra y Sevilla. La mayor parte de estas provincias tienen una cosa en común: la población se encuentra dispersa entre varios municipios.

Precisamente, el informe desvela que las localidades más pequeñas, aquellas que no llegan a los 50.000 habitantes, tienden a sufrir una proporción de incendios más elevada de la que les correspondería por su peso demográfico. Entre tanto, ocurre exactamente lo opuesto con las grandes ciudades. En los municipios de más de medio millón de habitantes se desatan menos incendios de lo que cabría esperar por en función de la población que albergan. Una comparación de la gravedad media de los incendios vuelve a situar a provincias con la población más dispersa en cabeza. Burgos, Gerona, Zamora, Baleares y Soria son los territorios que presentan fuegos con un coste medio más elevado. En concreto, indemnizar un incendio ahí sale entre 7.300 y 10.000 euros.

Cuando la vista se fija en los municipios, se descubre que los incendios más llamativos se dan en Getxo, Gerona, Logroño, Manresa y Barcelona. En estas localidades las llamas generan daños que indemniza el seguro por valor de entre 7.300 y 12.000 euros, según el caso.

Recomendaciones de los expertos

Con el fin de evitar incendios, desde CEPREVEN se recomienda no sobrecargar los enchufes, comprobar que los cargadores que se emplean con distintos aparatos son los adecuados y nunca dejar un dispositivo cargando encima de una cama o un sofá. Los expertos de CEPREVEN también alertan de que no se deben aproximar a fuentes de calor tales como lámparas, braseros o estufas, materiales fácilmente combustibles, como cortinas o mobiliario. En la cocina hay que mantener bajo vigilancia en todo momento sartenes y cazuelas cuando se está preparando la comida, así como asegurarse de que la campana extractora está limpia. Si se utilizan velas o chimeneas, es necesario mantener despejado el entorno y apagarlas cuando no haya personas presentes. También conviene evitar fumar en la cama y, antes de vaciar los ceniceros, hay que comprobar que todas las colillas se encuentran bien apagadas para que no arda la basura.

Asimismo, desde CEPREVEN recuerdan que la mayoría de los edificios de viviendas dispone de extintores en las zonas comunes. Todos los residentes en un edificio deben saber dónde se ubican y cómo funcionan. Una reacción rápida marca la diferencia.

Si se produce un incendio, hay que llamar al 112 en primer lugar y avisar a los vecinos. Si no se puede controlar, es necesario evacuar el inmueble. En caso de humo, cerrar las puertas para evitar que éste se propague y desplazarse agachado. No se deben emplear, bajo ningún concepto, los ascensores para abandonar el edificio. Una vez en lugar seguro, se recomienda esperar a los bomberos para facilitarles la información que puedan necesitar de cara a la extinción del incendio y las tareas de rescate.

Los expertos de TECNIFUEGO destacan cómo en diversos países europeos, como Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Suecia o Dinamarca la legislación obliga a instalar detectores que alertan del incendio en las viviendas. Igualmente, los muebles, suelos o telas, tienen que tener unas características de ignifugación para evitar o retrasar la propagación de las llamas. En este sentido, las comunidades de propietarios pueden aplicar mejoras en los inmuebles cuando se implementan las rehabilitaciones, dotando a los edificios de materiales resistentes al fuego en frontales y cubiertas.

En España, recuerdan desde TECNIFUEGO, instalar detectores u otras medidas de seguridad dentro de las viviendas no es obligatorio, pero los bomberos y demás expertos recomiendan disponer de detector de humos. Especialmente en aquellas viviendas donde residen personas especialmente vulnerables como niños, ancianos y personas con movilidad reducida. Igualmente es aconsejable tener un extintor, una manta ignífuga o una red de rociadores automáticos en el hogar que permita evitar que un incendio se propague.

Para concienciar sobre la utilidad de los detectores, TECNIFUEGO ha puesto en marcha una campaña de concienciación Los incendios matan, pero la protección es posible, en la que se entregan detectores a personas mayores o con discapacidad. Desde esta asociación también subrayan que, para reducir el número de muertes, es fundamental el apoyo de las Administraciones Públicas: en la concienciación de la ciudadanía, en los cambios legislativos que incrementen las exigencias en protección contra incendios, así como en la aplicación rigurosa de las inspecciones y el cumplimiento legislativo.