Alejandro Izuzquiza: “La gestió de l’assegurança al volcà de La Palma ha estat històrica” (La Vanguardia)

Ante todo un episodio de gestión de la siniestralidad completamente histórica porque no habíamos tenido que gestionar la siniestralidad por una erupción volcánica nunca desde la creación estable del Consorcio allá por el año 1954. Todo lo ocurrido en este año ha supuesto un acontecimiento de estreno en la gestión de este tipo de siniestros.

¿Qué ha hecho más especial afrontar la ayuda a las personas más afectadas?

Observando respecto a otras siniestralidades como inundaciones, tempestades de viento o embates de mar, en este caso la conmoción social ha sido especialmente intensa. Nos hemos encontrado con un colectivo de asegurados que en muchas ocasiones han perdido su vivienda pero además han perdido sus referencias.

¿Cómo les llega este relato del drama humano?

No solamente no pueden reconstruir la vivienda que ha sido sepultada por la lava sino que el asegurado ni tan siquiera va a poder identificar con precisión el lugar en el cual hasta ese momento vivía y, como es natural, esto genera un estado de frustración muy especial con relación a otro tipo de siniestralidades de riesgos extraordinarios.

Han aparecido grandes zonas con bajo nivel de aseguramiento.

Hemos observado en la zona un bajo nivel de aseguramiento y no sólo a nivel de seguros como tal sino también respecto al conocimiento del papel del Consorcio en este tipo de situaciones y del alcance de la cobertura de los riesgos extraordinarios que el Consorcio asume.

¿Y esto qué provoca?

Esto unido a la confusión habitual en este tipo de situaciones y, en este caso, especialmente importante entre lo que son las ayudas públicas del Estado y de la Comunidad Autónoma y lo que son las indemnizaciones del Consorcio por razón del contrato de seguro hace que cuando te encuentras un colectivo de asegurados desinformado, con las ideas confusas, y encima en un contexto en el cual las ayudas públicas de Estado y de la Comunidad Autónoma han sido más elevadas de lo habitual, hace que las expectativas entre los asegurados en conjunto se genere una situación de incertidumbre importante.

¿Cuáles han sido los retos de evaluación y gestión de los siniestros en La Palma?

El Consorcio ha gestionado esta siniestralidad en un contexto muy difícil integrado por 50.000 siniestros de inundaciones y erupción volcánica que han supuesto en su conjunto un coste de 475 millones de euros para nuestra entidad.

¿Cómo ha afectado la gestión la coincidencia de varios siniestros graves en el país?

No hemos gestionado de manera aislada las indemnizaciones de La Palma. La erupción del volcán se produce, el 19 de septiembre de 2021, en una época plagada de eventos a cargo del Consorcio.

Cuénteme.

El 1 y 2 de septiembre una DANA afecta especialmente Alcanar, en Tarragona, Toledo e Iniesta en Cuenca además de Madrid, Sagunto y Benicàssim con más de 10.000 siniestros en zonas diversas de España. Al día siguiente de la erupción, una segunda DANA -entre el 20 y el 24 de septiembre- afecta a Almendralejo en Badajoz y a Isla Cristina y Lepe en Huelva junto con Murcia y Cartagena.

Con siniestros graves para el seguro, claro.

Además de la primera DANA, la erupción volcánica y la segunda DANA, en noviembre se producen inundaciones en Cantabria y Vizcaya y el broche final se da en diciembre con inundaciones en Sevilla y otras zonas del Ebro especialmente en Navarra con inundaciones históricas en la primera mitad del mes.

¿Qué casuísticas y situaciones nuevas a gestionar han surgido en La Palma?

Ha sido difícil peritar porque ha habido 900 casos de inmuebles sepultados bajo la lava. La peritación no se ha podido hacer no sólo porque no se veía en inmueble sepultado sino porque no se podía acceder a la zona afectada. Esto implica que se ha tratado de ‘reconstruir’ cada uno de los inmuebles sepultados a través de escrituras públicas, descripciones catastrales del Registro de la Propiedad, fotografías aportadas por el asegurado e incluso imágenes de Google Earth.

¿Con qué objetivo final?

Ha sido una labor minuciosa y compleja que pretendía determinar la realidad y la existencia del inmueble y por otra parte cual es, no el capital asegurado del inmueble, sino cual es la suma asegurable o valor de preexistencia con la finalidad de determinar si el contrato de seguro podría calificarse de sobreseguro o infraseguro y así en el caso de infraseguro, con capitales inferiores a valores de preexistencia, el Consorcio lo ha transmitido a los organismos encargados de las ayudas públicas para que el asegurado pudiera también presentar una solicitud de ayuda por la diferencia entre el capital asegurado y el capital asegurable o valor de preexistencia del bien sepultado bajo la lava.

¿Cómo se ha actuado en caso de titularidad dudosa de los inmuebles?

Ha sido otra de las dificultades acreditar la titularidad de inmuebles y cuentas a las que transferir las indemnizaciones. No han sido infrecuentes los casos que un inmueble no se encontraba registrado en el Registro de la Propiedad, o no tenía referencia catastral o los datos del Registro no estaban actualizados.

¿Cómo se han resuelto estas situaciones?

En ocasiones ha habido que reconstruir la titularidad última a base de ir analizando, por ejemplo, posibles herencias y, tras una labor muy minuciosa, poder identificar la realidad de los inmuebles sepultados bajo la lava.

También compleja ha sido la gestión de daños a bienes hipotecados.

En los casos de hipotecas, en el contexto de una población asegurada muy sensibilizada, hay que tener presente primero que según la normativa el acreedor hipotecario es el que consta como el beneficiario de la indemnización en el contrato de seguro y por lo tanto para que el Consorcio pueda realizar el abono de la indemnización debe constar el consentimiento de la entidad bancaria y la cesión de esos derechos a la persona propietaria del inmueble.

¿Y si no ha habido acuerdo con los bancos?

La Ley de Contrato de Seguro contempla que si no hay acuerdo entre acreedor hipotecario y asegurado, el Consorcio debe consignar en el Juzgado el importe correspondiente a la indemnización. En los casos en los que además existe un procedimiento judicial abierto, este acto de jurisdicción voluntaria conlleva retrasos en la gestión de los siniestros con lo que hemos tenido que hacer un esfuerzo de sensibilización entre entidades de crédito y asegurados para llegar acuerdos y poder indemnizar.

¿Ha funcionado?

Los acuerdos han fructificado después de tratar con todos los departamentos correspondientes de todas las entidades bancarias que operan en la isla de La Palma.

¿Qué ocurre con las más de 1.400 solicitudes de indemnización rechazadas por el Consorcio?

Legalmente se establece una franquicia en el reglamento de riesgos extraordinarios en virtud de la cual deben haber transcurrido siete días entre la fecha de emisión o efecto de la póliza y la fecha del siniestro. En La Palma hay un nivel bajo de aseguramiento con lo cual ha habido muchas personas que han contratado su seguro una vez iniciada la erupción volcánica. En otros casos algunas personas que estaban aseguradas lo que han hecho es solicitar aumentos del capital asegurado sobre la base que el contrato existente a fecha del 19 de septiembre era un contrato con infraseguro.

¿Qué ha hecho el Consorcio en estos casos?

Hemos respetado escrupulosamente estos siete días, hemos aplicado con flexibilidad esta carencia pero no en todos los casos hemos podido pagar las indemnizaciones porque ha habido que comprobar el momento exacto que se producía el siniestro y el momento exacto que la lava afectaba al inmueble que correspondiera.

Labor muy difícil ¿no?

Ante las dudas para saber el grado de veracidad de la fecha aportada por el asegurado hemos recurrido a drones y visores como el Grafcan y otros sistemas derivados del satélite Copernicus y así hemos podido determinar fechas concretas cuando la lava afectaba los inmuebles para saber los días exactos a efectos de liquidar las indemnizaciones.

Capítulo aparte merece la gestión de los daños causados por las cenizas.

La importancia de los daños por las cenizas propias del volcán ha sido una novedad que no se da en otros siniestros como inundaciones o terremotos. Ha habido cenizas de un espesor tremendo que han ocasionado el colapso de inmuebles y luego otras cenizas que han generado sólo gastos de limpieza. Nos hemos visto obligados a realizar un baremo interno para establecer los costes de limpieza de esas cenizas según su volumen y en los casos que no había acreditado esos costes de limpiezas tirar de este baremo para poder pagar al asegurado.

¿Qué otras coberturas especiales se han atendido en este siniestro más allá de daños a bienes materiales?

Han sido frecuentes las indemnizaciones por daños inmateriales como coberturas por inhabitabilidad de viviendas, cláusulas de desalojo forzoso, pérdida de alquileres y, por supuesto, en algunos comercios e industrias, por pérdidas de beneficios por la interrupción del negocio.

¿Se han cubierto los plazos de pago habituales?

Ha habido una dificultad para concluir la gestión de los siniestros en los plazos habituales del Consorcio. Cuando tenemos una inundación o un embate de mar nos enfrentamos a miles de solicitudes y empezamos a pagar en la primera semana tras el siniestro y acabamos de liquidar a los 3 o 4 meses cuando ya hemos gestionado entre el 90 y el 95% de las solicitudes.

¿No ha podido ser así en La Palma?

No se ha podido mantener este plazo porque la secuencia de la erupción duró de septiembre a diciembre y por lo tanto ha sido un evento de larga duración. Así, las solicitudes han ido llegando en cuentagotas desde la primera que recibimos el 21 de septiembre de 2021. Este septiembre pasado, un año después, todavía eran entre 20 y 30 diarias las solicitudes que hemos estado recibiendo. Esta última semana pasada hemos recogido entre 10 y 15 reclamaciones de indemnización diarias.

¿Algún motivo especial para este goteo de solicitudes todavía?

Por un lado, se están recibiendo solicitudes desde algunas zonas de exclusión o acceso restringido hasta ahora. Y por otro lado se están recibiendo a día de hoy reclamaciones por los daños y gastos causados por la limpieza de cenizas que en muchos casos los asegurados desconocían que estaban incluidos en caso de indemnización.